En diciembre de 2019, se reportó un brote de un nuevo coronavirus, denominado COVID-19, en Wuhan, China. Desde entonces, hasta el 15 de abril de 2020, en 185 países, más de 2 millones de personas se han confirmado como infectadas, con más de 130 mil fallecidos y cerca de 510 mil personas recuperadas.
La velocidad de su diseminación y su escala global han tenido consecuencias devastadoras en el bienestar de las personas y en la economía. En respuesta a este desafío, los gobiernos han implementado medidas destinadas a “aplanar la curva” de personas infectadas, de modo que los recursos hospitalarios necesarios para tratar a los enfermos alcancen.
Mientras que algunos gobiernos han implementado cuarentenas obligatorias, otros han permitido movilidad restringida o confinamiento focalizado. Por un lado, una cuarentena total y efectiva reduce la proliferación del virus, pero puede tener consecuencias negativas en la capacidad de una economía para generar los bienes y servicios necesarios para sostenerse. Por el otro, sin “distanciamiento social” habrá mayor presión a los servicios hospitalarios y más vidas perdidas por su colapso.
Por ello, movimientos hacia cualquiera de estos lados tendrán costos económicos y de vidas humanas. Ser conscientes de los conflictos (trade-offs) que se enfrentan y cuantificar las magnitudes involucradas, permite evaluar las consecuencias deseadas y no deseadas de las acciones que se puedan adoptar.
La sección 2 resume los resultados de un modelo estilizado que caracteriza la relación entre la evolución de la epidemia y sus consecuencias económicas, mientras que la sección 3 presenta algunas reflexiones y recomendaciones.
Desarrollado por: Romulo Chumacero, Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. E-mail: rchumace@econ.uchile.cl.
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